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‘En seguridad, nadie debe evadir responsabilidades’: Núñez

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Hoy más que antes, la seguridad pública en México se ha convertido en un asunto de todos; la tarea para abatir la violencia e inseguridad exige del gobierno puntualidad y efectividad, pero también convoca el esfuerzo de la sociedad civil para ser más eficaces, aseveró el Gobernador Arturo Núñez Jiménez. 

 

Al inaugurar los trabajos de la Primera Reunión de la Zona Sureste de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, el mandatario dejó claro que aunque el incremento de los índices delincuenciales no se radica solamente a México, eso no implica evadir la responsabilidad. 

 

“Ahora es ineludible impulsar acciones para crear las condiciones necesarias de certidumbre, seguridad y convivencia pacífica de la sociedad civil”, afirmó ante Alejandro Chanes Ortiz, titular de las Inspectoría General y jefe de la Oficina de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), quien acudió con la representación del titular de este organismo, Renato Sales Heredia.

 

Núñez Jiménez indicó que para contrarrestar la dinámica delictiva, que ha encontrado nuevas formas de violentar el Estado de Derecho haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información, se requiere hacer un nuevo diagnóstico de la estrategia institucional de inteligencia e investigación, su organización, procesos, procedimientos y protocolos, con el fin de evaluar su eficacia metodológica.

 

Explicó que el combate a la delincuencia pareciera que ha dejado de ser responsabilidad exclusiva de las instituciones, ya que, observó, en las últimas décadas se ha experimentado un despliegue de la sociedad civil, que ahora interviene en escenarios de asuntos públicos como la igualdad, la erradicación de la violencia de género, la inclusión, la pobreza, y también en la seguridad y la impartición de justicia.

 

Frente a los secretarios de Seguridad Pública de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Chiapas, y representantes de Veracruz, Oaxaca y Yucatán, el jefe del Ejecutivo planteó la necesidad de impulsar una política nacional de control de la violencia y el delito, a través de acciones preventivas que impliquen la investigación, inteligencia, persecución, detención y consignación de los responsables de la comisión de los ilícitos.

 

Expuso que, por mandato constitucional, corresponde a los gobiernos responder ante la ciudadanía e implementar los procedimientos legales con estricto apego a los derechos humanos, para garantizar la seguridad de las personas y su patrimonio, prevenir el delito y hacer valer el Estado de Derecho frente a los delincuentes y sus organizaciones.   

 

Sin embargo, precisó que la participación ciudadana resulta fundamental en el desarrollo de la estrategia de prevención del delito y control de la violencia, que a su vez deberá estar respaldada por un sistema confiable de autoridad policial y judicial en cada jurisdicción del país.

 

Núñez Jiménez urgió, por último, a diseñar y ejecutar políticas públicas integrales que inhiban la acción criminal, ya que actualmente la única vía para atender y resolver el problema de la delincuencia, como lo dispone el entramado jurídico, consiste en la acción directa de las diferentes policías o bien con la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas.