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Piden a Canadá investigar a su embajada en México por homicidio de activista chiapaneco

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Que se investigue a la embajada de Canadá en México y su apoyo a las operaciones de la compañía minera canadiense Blackfire Exploration fue la denuncia formal que organismos no gubernamentales y familiares de Mariano Abarca, asesinado en Chicomuselo, Chiapas, por oponerse a esa actividad, interpusieron de manera formal ante autoridades de ese país el pasado 5 de febrero.

En el documento   también  firmado por el  hijo del asesinado líder comunitario Mariano Abarca se exige de manera enérgica ante  el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (PSIC, por sus siglas en inglés), que se haga justicia y se castigue a los homicidas del activista chiapaneco.

En la petición se argumenta que las acciones y omisiones de la embajada canadiense pueden haber contribuido a poner en peligro la vida de Mariano Abarca, y que la embajada puede que no haya seguido la política con respecto a informar sobre una supuesta corrupción.

El documento entregado a la PSIC relata que Mariano Abarca fue un miembro muy respetado de la comunidad, que denunciaba los impactos sociales y medioambientales de la mina de barita de la Blackfire en Chicomuselo, Chiapas, y dirigía protestas contra esta operación minera.

Ahí se establece que el activista fue golpeado por empleados de la mina, fue detenido a solicitud de la compañía, fue amenazado, y finalmente asesinado el 27 de noviembre de 2009. Tres individuos asociados con la Blackfire resultaron detenidos y encausados inmediatamente después del asesinato, pero luego fueron absueltos y puestos en libertad. La investigación sobre este crimen permanece abierta.

La Blackfire Exploration es una compañía privada con sede en Calgary, Canadá, que opero la mina de barita Payback en Chicomuselo desde finales de 2007 hasta poco después del asesinato de Mariano Abarca, cuando la autoridad medioambiental de Chiapas cerró la mina.

En diciembre de 2009, el periódico canadiense The Globe and Mail informó que la compañía había estado realizando depósitos, desde marzo de 2008 hasta mayo de 2009, en la cuenta personal del presidente municipal, con el fin de que “mantener la paz e impedir que los miembros de la comunidad tomaran las armas contra la mina”. Esto condujo a una investigación por parte de la Real Policía Montada de Canadá, investigación que fue cerrada en 2015 sin presentación de cargos.

Desde entonces hasta acá, y sobre la base de datos obtenidos a partir de una solicitud de acceso a la información (ATIP, por sus siglas en inglés) presentada al Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (DFATD, por sus siglas en inglés), se ha revelado que la embajada canadiense en México abogó activamente en favor de la Blackfire ante las autoridades federales y municipales, antes de que la mina iniciase sus operaciones y hasta meses después del asesinato de Abarca. La naturaleza de esta relación entre la compañía y las autoridades se describe con detalle más abajo, con respecto a las principales alegaciones que se hacen en el petitorio.

Firmantes del petitorio

La viuda y los hijos de Mariano Abarca presentaron el petitorio al PSIC, junto con la Fundación Medioambiental Mariano Abarca (FAMA), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y la MiningWatch Canadá.

El Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa, con base en la Facultad de Derecho Osgoode Hall de la Universidad de York, y en la Escuela de Derecho de la Universidad Thompson Rivers, actúa como consejero legal de los peticionarios.

Principales peticiones

El petitorio argumenta que la embajada de Canadá en México debe ser investigada bajo la sección 8 de la Public Servants Disclosure Protection Act:

Por haber creado “un peligro sustancial y específico para la vida, la salud o la seguridad” de Mariano Abarca y de otros residentes locales preocupados por la operación de la mina de la Blackfire:

La embajada faltó al no seguir la política establecida construyendo la ventaja canadiense: una estrategia de responsabilidad social corporativa (RSC) para el sector extractivo canadiense internacional, de 2009, incluyendo la no evaluación de los posibles impactos en los derechos humanos:

Desde 2007 la embajada canadiense en México poseía información significativa sobre el conflicto en torno a las operaciones de la Blackfire en Chicomuselo, debido a su estrecha relación con la compañía, a los informes de los medios locales acerca de las crecientes protestas que ella monitoreaba, y a otras informaciones que recibía con respecto a la oposición a la mina.

La embajada obtuvo testimonio directo de Abarca en julio de 2009, sobre que la Blackfire estaba usando a sus empleados como tropas de choque contra los miembros de la comunidad opuestos a la mina. Semanas más tarde, cuando Abarca fue detenido a solicitud de la Blackfire, la embajada recibió 1400 emails de ciudadanos que manifestaban su preocupación por el bienestar del líder comunitario.

Sin embargo, la embajada no investigó o evaluó el potencial de violencia, ni averiguó si la compañía lo había hecho.

La embajada faltó al no seguir la política con respecto a la identificación y la prestación de apoyo a los defensores de los derechos humanos:

Pese a que conocía la fuerte oposición comunitaria a las operaciones de la Blackfire, la embajada no se esforzó  por establecer contacto con la comunidad.

Además, cuando Abarca fue detenido en agosto de 2009, la embajada conocía que la Blackfire había presentado acusaciones contra él, pero no consideró si la compañía tenía justificación para hacer esto, ni tuvo en cuenta el peligro que representaba para Abarca, quien fue liberado ocho días más tarde por falta de pruebas.

La embajada también abogó en contra de la comunidad, y urgió al gobierno estatal a contener las protestas, para proteger a la Blackfire. En una reunión en octubre de 2009 con el secretario general del estado de Chiapas, la embajada pidió  a las autoridades estatales que resolvieran los problemas de la compañía, mencionando específicamente las protestas comunitarias. No hay evidencia de que la embajada manifestara su preocupación por el peligro en que estaban Abarca y otros miembros de la comunidad.

Las gestiones hechas por la embajada ante el gobierno de Chiapas en favor de la compañía, contrastan marcadamente con su posición con respecto al asesinato de Abarca. La embajada se distanció  de cualquier comprometimiento tras su muerte, incluyendo el consejo que le dio a un funcionario canadiense, de que negara que Canadá  hubiera tenido previo conocimiento de la violencia potencial contra Abarca.

A la luz de los bien conocidos peligros que afrontan los defensores de los derechos humanos en México, amerita una investigación la decisión de la embajada de ignorar las consecuencias de derechos humanos de sus acciones.

La embajada falló al no “desempeñar un papel constructivo y eficaz”, y al no “facilitar un diálogo abierto e informado entre todas las partes”, como púbicamente declaró hacer:

La embajada canadiense mantuvo una relación muy estrecha y de colaboración con la Blackfire Exploration desde 2007 hasta 2010.

Las revelaciones de acceso a la información muestran que hubo alrededor de 30 contactos entre la Blackfire y la embajada entre 2007 y
2010, así como múltiples gestiones en favor de la Blackfire ante las autoridades mexicanas.

Inmediatamente después del asesinato del señor Abarca, la embajada canadiense y funcionarios del gobierno de Canadá rehuyeron pedir una investigación completa e imparcial, y buscaron distanciar a la embajada del proceso.

Dos meses más tarde, la embajada suministró  a la Blackfire información sobre cómo demandar al estado de Chiapas bajo las estipulaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En vez de desempeñar un papel eficaz o facilitar el diálogo, la embajada busco asegurar que los funcionarios mexicanos actuaran para resolver los problemas de la Blackfire, lo que podía interpretarse como una instrucción para hacer que estos problemas desaparecieran.

Si bien nadie del gobierno de Chiapas ha sido investigado todavía en relación con el asesinato de Abarca, hay alegaciones sobre su involucramiento, y la familia continúa presionando para que el fiscal actúe en consecuencia.

El petitorio afirma que el comportamiento de la embajada en favor de la Blackfire, y contra las protestas comunitarias, constituyó una acción que creó un “peligro específico” para la vida y la seguridad del señor Abarca. El fallo del gobierno canadiense al no exponerle a la Blackfire y al gobierno de Chiapas ninguna inquietud sobre los derechos humanos, representó una omisión que también generó un “peligro especifico” para la vida y la seguridad de Abarca, razón por la cual la embajada debería ser investigada.

Si el Comisionado encontrase que no hubo una violación del código de conducta, porque la embajada tenía instrucciones específicas de actuar en la forma en que lo hizo (abogar por la Blackfire, ignorar las inquietudes de los defensores de los derechos humanos, no comprometerse con las comunidades vecinas de la mina y no promover un diálogo abierto), el petitorio plantea la necesidad de que se investigue a los otros funcionarios públicos que hicieron declaraciones erróneas y engañosas sobre la política del gobierno canadiense al respecto.

En lo que concierne a la “grave violación de un código de conducta”, por no haber informado la embajada sobre la supuesta corrupción de un funcionario público extranjero.

De acuerdo con el documento política y procedimientos para informar sobre alegaciones de soborno en el extranjero por parte de ciudadanos o compañías canadienses, de 2010, los funcionarios públicos deben informar a sus instancias superiores en Ottawa sobre cualquier supuesto soborno, si sospechan que el mismo fue realizado por un ciudadano o una compañía canadiense.

En junio de 2009, la Blackfire se quejó ante el Congreso Estatal de Chiapas por los pagos hechos por la compañía al alcalde de Chicomuselo, y reveló también que había proporcionado boletos aéreos para el alcalde y su familia, pero que la última demanda de este funcionario, de un encuentro erótico con una actriz, fue irrazonable y constituyó  una extorsión. Todo esto lo reveloóla prensa de Chiapas en esa misma fecha.

La embajada sólo informo sobre esos sospechosos pagos después de que fueran publicados por la prensa canadiense.

Teniendo en cuenta la estrecha relación de trabajo que existía entre la Blackfire y la embajada, y el monitoreo realizado por esta del conflicto mediante la prensa de Chiapas y los funcionarios del estado, el petitorio cuestiona si la embajada tenía conocimiento de los depósitos que la Blackfire estaba haciendo en la cuenta bancaria personal del alcalde de Chicomuselo, antes de que fueran publicados por la prensa canadiense en diciembre de 2009.

Considerando los elevados niveles de corrupción existentes en México, el petitorio plantea al Comisionado que investigue si la embajada tenía información sobre los pagos de la Blackfire antes de que fueran conocidos en Canadá, y si la embajada informó inmediatamente sobre ellos a la Real Policía Montada de Canadá.

El procedimiento del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (PSIC)

Una vez que el PSIC recibe una queja, dispone de 15 días para decidir si iniciara o no una investigación. Si bien la Public Servants Disclosure Protection Act está concebida principalmente para proteger a los denunciantes que pertenecen al servicio público, la sección 33(1) establece la posibilidad de una investigación, si “como resultado de cualquier información que una persona que no sea funcionario público le dé a conocer al Comisionado, el Comisionado considere que… se ha cometido… una infracción”, siempre que estime que la investigación sirve al interés público.

El Comisionado puede tomar igualmente en consideración la importancia del asunto, y el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los eventos. Si investiga y encuentra que se ha producido una infracción de una ley o de un código de conducta, puede reprender a quienes la hayan cometido y recomendar los cambios necesarios para evitarla en el futuro.

Por qué  es importante y sirve al interés público una investigación por parte del PSIC

La criminalización y el subsiguiente asesinato de un activista que solicitó la ayuda de la embajada canadiense, es un asunto muy serio si la embajada actuó  posteriormente en una forma que incrementó  los peligros para el activista, o si dejó de actuar con los medios que tenía a mano para disminuir tales peligros.

Además, el asesinato del señor Abarca no ha sido aún resuelto, y el papel desempeñado –entonces y ahora– por la embajada canadiense, sigue doliendo a su familia y a sus seguidores, que viven o trabajan en las comunidades mexicanas afectadas por las operaciones mineras canadienses.

Adicionalmente, la solución de este asunto es de interés público, porque perjudica los objetivos del Ministerio de Asuntos Globales de Canadá, de promover la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y el respeto al medio ambiente, así como el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Canadá con respecto a los derechos humanos, y la observancia de las disposiciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en cuanto al control de la corrupción.

Una investigación por el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá arrojará mayor claridad sobre el compromiso canadiense con los valores que defiende, y brindará algún consuelo a la familia y los seguidores de Mariano Abarca, que continúan esperando que se haga justicia por su asesinato.